La administración del fútbol nigeriano vuelve a estar bajo escrutinio tras revelarse que la Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) y la Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission (ICPC) están investigando el uso de un fondo de intervención del Gobierno Federal de N12.000 millones entregado a la Nigeria Football Federation (NFF).
El fondo fue destinado a cubrir obligaciones financieras pendientes relacionadas con jugadores, entrenadores y selecciones nacionales, y el desarrollo ha generado nuevas preguntas sobre la gestión de los recursos públicos dentro del fútbol nigeriano.
La investigación fue revelada por la NFF en respuesta a una solicitud de información amparada en la Freedom of Information, que buscaba acceder a los registros financieros y registros de utilización relacionados con el fondo de intervención.
En una carta fechada el 18 de agosto de 2026 y firmada por Onoja Joshua, Esq., en nombre del Secretario General de la NFF, la federación afirmó que no podía proporcionar los documentos solicitados porque el asunto ya estaba siendo investigado por las dos agencias anticorrupción.
La carta, con referencia NFF/LEG/10/1/879 y dirigida al Principal Partner de Cromwell & Okeke, señaló que los documentos relacionados con la solicitud estaban actualmente en poder de la EFCC y la ICPC.
La respuesta de la NFF no especificó las transacciones o gastos concretos que desencadenaron las investigaciones, ni identificó a ningún funcionario o individuo que estuviera siendo investigado.
Tampoco indicó cuándo comenzaron las investigaciones ni si algún funcionario de la NFF había sido citado o interrogado por las agencias.
El desarrollo coloca la gestión del fondo de intervención por parte de la federación bajo un mayor escrutinio público, especialmente teniendo en cuenta que el propósito declarado del dinero era saldar obligaciones pendientes con jugadores, entrenadores y funcionarios de las selecciones nacionales.
La intervención de N12.000 millones formó parte de un esfuerzo del Gobierno Federal anunciado en enero de 2024 para saldar las obligaciones financieras acumuladas con las selecciones nacionales de Nigeria. En ese momento, la Presidencia afirmó que el pago cubría hasta 15 meses de salarios pendientes de los entrenadores de las selecciones nacionales absolutas, además de dietas y otras obligaciones relacionadas con las selecciones masculina, femenina y Sub-20.
También han surgido informes de que una parte sustancial del fondo se utilizó para pagar gastos de alojamiento en hoteles generados por jugadores y equipos, aunque la última carta de la NFF no proporcionó un desglose detallado de los gastos.
El último desarrollo llega en un periodo sensible para el fútbol nigeriano, con la administración del presidente de la NFF, Ibrahim Musa Gusau, enfrentando un escrutinio cada vez mayor sobre la dirección y gestión del deporte.
El martes, también surgieron informes de que la NFF había escrito al organismo rector mundial del fútbol, la FIFA, sobre supuestos planes del Gobierno nigeriano para establecer un comité interino que supervisara la federación y detuviera las elecciones previstas de la NFF.
La supuesta medida se produjo tras las preocupaciones por el fracaso de las Super Falcons en clasificarse para el próximo Mundial Femenino, aunque el estado exacto y las implicaciones de la propuesta gubernamental comunicada siguen pendientes de aclaración.
Las investigaciones de la EFCC y la ICPC añaden, por tanto, otra dimensión significativa al creciente debate sobre la rendición de cuentas, la transparencia y la gestión financiera en el fútbol nigeriano.
Por ahora, sin embargo, ninguna de las dos agencias ha acusado a la NFF de irregularidades, según la información hecha pública. El hecho de que los registros financieros estén siendo investigados significa que la naturaleza exacta de cualquier posible irregularidad, si llegara a establecerse, dependerá del resultado de las investigaciones en curso.
Mientras continúan las investigaciones, la atención estará centrada en las dos agencias anticorrupción para obtener aclaraciones sobre el alcance de sus investigaciones y, en última instancia, sus conclusiones sobre cómo se utilizó el fondo de intervención de N12.000 millones.
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